jueves, 22 de noviembre de 2012 - Salvador Victoria tiene un lapsus al hablar de la Renta Mínima en Madrid

El Consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, realizó ayer declaraciones sobre Renta Mínima que desconocen aspectos básicos de la Ley. La Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza (EAPN Madrid) y el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid aclaran algunos aspectos que el consejero olvidó mencionar.
 Madrid, 22 de Noviembre de 2012. El Consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno Regional de Madrid, Salvador Victoria, realizó preocupantes declaraciones, anunciando una "retirada inmediata" de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a 1.600 familias que supuestamente no cumplen los requisitos.

La Consejería de Asuntos Sociales recientemente informó tanto a EAPN Madrid como al Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid que el número de suspensiones serían alrededor de 500, lo que significan 1.100 menos que las señaladas por el Consejero. Nos parece altamente preocupante esta diferencia, que muestra poca transparencia en la información que se está dando a la ciudadanía.

El consejero también ha señalado que la retirada de la renta mínima a este número de familias "… supone un acto claro de justicia para todas aquellas personas que sin tener ingresos, sin tener trabajo y con cargas familiares no están recibiendo la ayuda por culpa de quienes defraudan".  

Hemos de recordar que la Renta Mínima en Madrid no es una ayuda, es un derecho de toda persona que cumpla los requisitos. Por tanto, si la Comunidad cumple la ley, los supuestos casos de fraude no pueden quitar, en ningún caso, el derecho a otra familia. De ser así, las declaraciones del consejero son extremadamente graves.

Lo que sí sería un “acto claro de justicia” es la concesión “inmediata” de la renta mínima a las familias  que cumplen con los requisitos y que están en una situación de necesidad urgente. Lo que es injusto es que esperen, como sucede ahora,  hasta 10 meses para recibirla.

Entendemos y apoyamos la obligación que tiene la Comunidad de Madrid de inspeccionar la renta mínima y luchar contra el fraude. Pero no podemos acusar de defraudadoras a muchas familias cuyos únicos ingresos son los 450 euros de media de la RMI y cuya única falta ha sido no acudir a una citación. No es una estrategia lógica ni coherente con las necesidades y los derechos de la ciudadanía madrileña.

Nuestro objetivo conjunto debe ser erradicar la pobreza, no perseguir a las personas pobres.