miércoles, 8 de agosto de 2012 - CÁRITAS ESPAÑOLA DEFIENDE y RECLAMA, DE NUEVO, EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

El decreto va a generar un gran impacto sobre el sistema de garantías de derechos, y castigará a los ciudadanos más débiles a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales.
 Cáritas vuelve a recordar al Gobierno y a los partidos políticos la necesidad de revisar el “Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, aprobado en el Congreso de los Diputados.

“Este decreto promueve un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular.

En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención.

Pensamos que se trata del inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura  distinta según el grupo de población al que se pertenezca. Y señalan que de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población, además de poco realista en cuanto a la eficiencia y el ahorro”