martes, 25 de abril de 2023 - Propuestas para las candidaturas a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid 2023

EAPN Madrid elabora sus propuestas para que los partidos políticos incorporen en sus programas electorales medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social
La Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Madrid) es una asociación de 81 entidades sociales cuyo principal objetivo es la lucha contra la exclusión social y la pobreza en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Somos un espacio de reflexión, debate, incidencia política y formación en temas referidos al ámbito de la exclusión social. Somos miembros de EAPN España y por ende de la European Anti-Poverty Network (EAPN).

En el siguiente enlace Presentación EAPN Madrid se puede encontrar más información sobre nuestra misión, estructura, alianzas, entidades, y nuestro trabajo.

Su estructura se conforma a través de la Asamblea General, Junta Directiva, Junta Permanente y grupos de trabajo. Los grupos de trabajo están formados por distintas entidades de la Red, que se reúnen de manera periódica y realizan acciones en líneas que se han definido como prioritarias en cada ámbito por el conjunto de las entidades. Son los siguientes: acompañamiento social y prestaciones, alojamiento, economía social y solidaria, educación, empleo, participación y salud.

En el contexto social actual, con un aumento en el número de personas en situación de pobreza y exclusión en la Comunidad de Madrid, a consecuencia de la pandemia, la guerra, la subida de precios, los costes energéticos disparados y la situación residencial de las personas más vulnerables (hipotecas y alquileres al alza); y otras consecuencias psicosociales como la soledad no deseada, el deterioro de la salud mental en toda la población y especialmente entre mayores y jóvenes; se hace más necesario que nunca una proyecto político que dé respuesta a esta problemática desde una visión comunitaria, con enfoque de género y complementaria entre administraciones, con la necesaria colaboración del tercer sector de acción social y la participación de la ciudadanía.

Asimismo, la progresiva digitalización de los servicios públicos y privados está aumentando la brecha digital, dejando al margen a la población en situación de vulnerabilidad social (personas mayores, migrantes, personas en situación de pobreza) que no tienen los medios o las destrezas requeridas para poder relacionarse por medios digitales, impidiendo el ejercicio efectivo de sus derechos (ayudas, prestaciones, servicios, cuentas bancarias, etc.).

Con la polarización, no sólo de opinión y adscripción política, sino en la segmentación de la población incide cada día más la brecha económica. Mientras que la Comunidad de Madrid es unos de los grandes motores económicos de España, estudios recientes arrojan datos demoledores sobre la pobreza y la exclusión en Madrid: un 21,6% de la población madrileña se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, más de 800.000 ciudadanas se encuentran en exclusión severa, uno/a de cada cuatro niños, niñas y adolescentes que estuvieron en situación de pobreza más de tres años seguidos vivía en la Comunidad de Madrid, o cinco de cada 10 alumnos gitanos y gitanas escolarizados en centros segregados.

A las puertas de un proceso electoral no debería detenerse el desarrollo de la recién aprobada Ley de Servicios Sociales y la falta de presupuestos no debería impedir la puesta en marcha de proyectos que mitiguen la ya precaria situación de la población madrileña en situación de pobreza y/o exclusión.

Por estos motivos desde EAPN Madrid queremos realizar las siguientes propuestas a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas.

Propuestas

Vivienda

1.- Elaborar una Ley y un Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid que recoja medidas para facilitar el acceso a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad social

Debe comprometerse a la construcción de vivienda pública y establecer una limitación a su venta; debe destinar más recursos públicos a vivienda pública en alquiler; y debe reconocer la necesidad de garantizar el acompañamiento social como servicio esencial y asociado al acceso a la vivienda.
Debe priorizar la intervención y rehabilitación de barrios en situación de alta vulnerabilidad, con inversiones que garanticen no solo viviendas dignas, sino la actividad económica, las comunicaciones y el acceso a los recursos y servicios públicos.
Debe contemplar programas para la erradicación del chabolismo y del sinhogarismo, que pongan las bases para acabar con los asentamientos chabolistas, combinando las medidas de realojo con acompañamiento y apoyo social a las familias durante todo el proceso.

Servicios Sociales

2.- Adecuar y actualizar la legislación y normativa sobre la Renta Mínima de Inserción (RMI) y armonizarla con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Garantizando la complementariedad de ambas prestaciones e incentivando los programas de acompañamiento incluyendo a los beneficiarios del IMV en los perfiles de la convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración RMI.
Garantizando la protección efectiva frente a la pobreza, con unos ingresos adecuados a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, asegurando al mismo tiempo la activación de las personas para su inclusión socio-laboral.

Empleo

3.- Implementar medidas eficaces e innovadoras para mejorar la capacitación y empleabilidad de las personas en situación de exclusión social como paso previo a su incorporación laboral, así como el fomento de políticas activas de empleo.

Contando con la colaboración de las entidades del tercer sector y con un marco financiero estable y suficiente, para acometer los procesos de acompañamiento social a largo plazo a las personas en situación de vulnerabilidad social.
Intensificando medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta ajena, basadas en itinerarios personalizados, adaptados al perfil educativo y laboral de cada persona para facilitar su proceso de inserción laboral, asegurando la formación en competencias digitales, y teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género.

Salud

4.- Garantizar la universalidad del acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos.

Dotando de las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para evitar la discriminación en el acceso a la salud de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
Revirtiendo las medidas regresivas adoptadas por la Comunidad de Madrid en los últimos años y que han supuesto una merma en el catálogo de servicios, la dotación de personal sanitario por habitante, equipamiento, número de camas por habitante, etc.

Educación

5.- Implementar medidas que garanticen que la nueva figura obligatoria en los centros educativos de persona coordinadora de bienestar y protectora del alumnado, recogido en la LOPIVI y en la LOMLOE, posea una formación, actitud y experiencia previa específica para ejercer su labor y cuente con una dotación económica, un número suficiente de horas liberadas y reciba una formación especializada que garantice que puede ejercer su rol con eficacia.

Participación social

6.- Promover la participación efectiva de la población en situación de vulnerabilidad en la vida social, económica, política y cultural.

En particular, estableciendo canales de comunicación comunitarios, cercanos y accesibles más allá de lo digital, e impulsando iniciativas que promuevan su representación en los procesos y espacios de toma de decisiones en los temas que les atañen a nivel autonómico y municipal.

Contratación pública

7.- Considerar la contratación pública como un instrumento más de las políticas sociales y de empleo.

A través de la obligatoriedad de inclusión de cláusulas sociales y reserva de mercados en todo el proceso de contratación, tanto a nivel autonómico como local, tal y como permite la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de noviembre).

Fondos europeos

8.- Asegurar la disponibilidad y aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión y Fondo de Recuperación y Resiliencia europeos, para reducir la pobreza y la pobreza infantil y juvenil

Aplicando los porcentajes de financiación comprometidos para reducir la pobreza y teniendo mecanismos de seguimiento y control en los que el tercer sector de acción social participe orgánicamente.

Tercer sector

9.- Poner los medios adecuados para generar una colaboración estable de la Administración pública con las entidades del tercer sector, que garantice la viabilidad económica de su trabajo y la cobertura de las necesidades de las personas a las que atiende, y su visibilidad social

10.- Desarrollar el concierto social como un instrumento más de sostenibilidad del sector, tal y como aparece reflejado en la nueva Ley de Servicios Sociales

Por último, todas las medidas a implementar deben incorporar de forma transversal el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, la participación de la población en situación de riesgo y/o exclusión social, la reducción de la brecha digital, la sostenibilidad medioambiental y la rendición de cuentas.

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