martes, 18 de diciembre de 2018 - Entidades sociales preocupadas por la desprotección de las personas migrantes en Madrid

Sin embargo, aunque este crecimiento se debe a las personas migrantes, el trato a las que llegan a la Comunidad es verdaderamente inhumano. Desde que se presentan en la comisaría de Aluche, única que ofrece la Comunidad para atenderles, donde hacen largas colas de uno o varios días para intentar arreglar su situación legal y cuyas quejas han llegado hasta la propia oficina del Defensor del Pueblo de España; el limitado o ningún acceso que disponen a los servicios básicos de salud o el difícil viacrucis que deben hacer para encontrar una vivienda que alguien acceda a alquilar, son algunos de los muchos obstáculos con los que se encuentran en el día a día las personas migrantes.

A ello le sumamos que, si son menores extranjeros no acompañados, no los quiere recibir ninguna Comunidad, se los sortean como moneda de cambio entre negociaciones políticas y procedimientos obsoletos. La infancia deja de ser disfrutada para convertir a los niños y niñas en sólo “inmigrantes”. Parece que ser inmigrante supone convertirse en una persona desprotegida, sin derechos, sin voz ni voto, sin servicios, sin ayuda, sin apoyos y, por supuesto, excluida.

Paradójicamente hace una semana se adoptó en Marrakech el Pacto Mundial para una Migración “segura, ordenada y regular”. Algunas organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes se han mostrado escépticas con el acuerdo y han exigido más compromisos a los Estados. En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entidad miembro de EAPN Madrid, la red madrileña de lucha contra la pobreza, ha ido más lejos. Considera que el acuerdo es “histórico” y que su firma compromete al Gobierno español “a acabar con las devoluciones ilegales en las fronteras y con el uso sistemático de las detenciones en los CIE, entre otras cuestiones”.

CEAR reclama al Gobierno español políticas migratorias coherentes con los compromisos alcanzados en el Pacto. Añade, además, que el Gobierno español y el resto de los países firmantes tendrían que habilitar “vías legales y seguras” como visados humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en consulados o embajadas, inexistentes en estos momentos: “Las vías legales son la única forma de luchar contra las redes de tráfico y de que haya una migración ordenada. Nadie arriesga su vida migrando irregularmente de forma voluntaria”, señala Estrella Galán, directora general de CEAR.

Desde EAPN Madrid pedimos al gobierno de Madrid que tome las medidas necesarias para que se empiecen a respetar los derechos de las personas migrantes y suscribimos las reivindicaciones de las entidades de nuestra Red que, como CEAR, trabajan para mejorar la vida y hacer cumplir los derechos las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Asimismo, recordamos en el Día Internacional de las Personas Migrantes que todos y todas tenemos los mismos derechos y que es importante #QueNoTeEngañen y que combatas los prejuicios que existen hacia las personas inmigrantes.