viernes, 1 de julio de 2011 - El Gobierno aprueba el Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión social y la Lucha contra la Pobreza 2010

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en su comparecencia junto a la Vicepresidenta ante los medios de comunicación, ha subrayado que a pesar de la crisis económica "el Gobierno hace una apuesta por las políticas sociales y por mantener la protección social".
Las nuevas medidas aprobadas el pasado viernes, según la ministra, están encaminadas a reforzar la atención directa a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social a través de los Ayuntamientos y de las ONGs.
El Consejo de Ministros ha centrado de nuevo su atención en los colectivos más afectados por la crisis económica y especialmente en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Por ello, ha aprobado lasmedidas que reforzarán e integrarán este año el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado que las nuevas iniciativas que se centran en áreas como la atención directa al ciudadano en riesgo de exclusión y apuestan por dotar con más recursos a las organizaciones locales y a las organizaciones de acción local. Asimismo refuerzan el desarrollo de entidades de apoyo como centros de empleo especial, asociaciones, empresas de inserción o cooperativas.
Fernández de la Vega ha apuntado que "dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local los Ayuntamientos pondrán en marcha más de 2.000 programas de inclusión social por valor de casi 300 millones de euros que beneficiarán a más de un millón de personas".
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en su comparecencia junto a la Vicepresidenta ante los medios de comunicación, ha subrayado que a pesar de la crisis económica "el Gobierno hace una apuesta por las políticas sociales y por mantener la protección social".
Las nuevas medidas aprobadas el pasado viernes, según la ministra, están encaminadas a reforzar la atención directa a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social a través de los Ayuntamientos y de las ONGs.
Trinidad Jiménez ha explicado que el Gobierno dotará a los Ayuntamientos con "fondos específicos para programas de inclusión social". En concreto se destinarán a los Consistorios más de 700 millones de euros, procedentes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de los cuales 300 millones irán dirigidos al desarrollo de 2.150 programas que podrían dar cobertura a más de un millón de personas.
Además, la ministra ha precisado que se incrementarán los recursos de las ONGs gracias a la creación de "un fondo extraordinario de 30 millones de euros" para el desarrollo de programas de inclusión activa que combinarán la activación para el empleo con una adecuada cobertura de renta y acceso a servicios de calidad.
La titular de Sanidad y Política Social también ha señalado que el Ejecutivo incrementará el porcentaje y la cantidad de la subvención del 0,7% del 1RPF destinada a los programas de exclusión social.
Este año, ha dicho, la recaudación del 0,7% alcanzará los 205 millones de euros, que "es la mayor cantidad que se ha repartido en la historia de este programa", y supone 14 millones de euros más que en 2009 para las ONGs. De esta manera, estas organizaciones podrán atender a 485.000 personas más y el número total de servicios prestados podrá superar los 5.700.000.
Tercer sector
La ministra ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el Gobierno tiene previsto presentar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Economía Social, que regulará las entidades del Tercer Sector y promoverá su desarrollo.
Este tercer sector integra a entidades empresariales y asociativas diversas, como centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas y fundaciones.
El Gobierno, según Jiménez, entiende que "son una fuente de riqueza y creación de empleo extraordinario, porque representan un 10% del empleo nacional y un 5% del PIB".
Además, para reforzar las funciones de estas entidades, la ministra ha avanzado que se van a introducir criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en su plantilla a más de un 2% de trabajadores con discapacidad.
Asimismo, se incentivará la contratación de personas en riesgo de exclusión social proponiendo un acuerdo, en el ámbito del diálogo social, para incrementar la bonificación de los contratos establecidos por la Ley de Empresas de Inserción.
Trinidad Jiménez también ha anunciado que en un plazo máximo de dos meses se aprobará un plan específico para el desarrollo de la población gitana en el periodo 2010-2012.